El desarrollo que conoció España en la década de los sesenta empujaba a la mujer a incorporarse al mundo laboral y así comenzaba a tener una mayor visibilidad en la sociedad. A partir de la aprobación de la Ley de Asociaciones en 1963, su presencia en la vida pública comenzó a tener cierta entidad, a través de las múltiples asociaciones que fue poniendo en pie: amas de casa, vecinos, feministas, algunas profesionales, etc.

Desde noviembre de 1975, empujada por las nuevas circunstancias del país, su incorporación política correrá en paralelo a la de todos los ciudadanos. Se hacía posible la democracia, pero ella debía superar la distancia de siglos que la separaba con el hombre en la participación en el espacio público. El contexto internacional le ayudará en este empeño pues la ONU declaró a 1975 como el Año Internacional de la Mujer. Se iniciaron las celebraciones de Conferencias Mundiales sobre la Mujer: México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985), Beijing (1995). Uno de los asuntos tratados desde la primera reunión fue la necesidad de que la mujer participara en la toma de decisiones en la vida social, económica y democrática. El clima jurídico era adecuado, la preparación universitaria también, pero existía todavía poca preparación para la vida política, ninguna experiencia y dificultad para compaginar el trabajo político con la atención a la familia. Por ello, durante la Transición, tampoco hubo muchas mujeres políticas. Entre ellas, sólo cinco llegaron a desempeñar cargos importantes: María Victoria Eiroa, como directora general de Promoción Familiar y de la Mujer; Teresa Estevan, como directora general de Medio Ambiente; Carmela García-Moreno, directora general de Juventud y Promoción Sociocultural; Teresa Mendizábal, directora general de Acción Social; Margarita España, directora general de Desarrollo Comunitario; Rosa Posada, secretario de Estado para la Información y Soledad Becerril, primera ministra de la democracia.

Imagen de las elecciones de 1982

En 1992 la Unión Europea firmó la Declaración de Atenas, en la que se establecía el compromiso de salvar la diferencia e instaurar un sistema compensatorio para lograr la igualdad en los cargos de representación y de tomas de decisiones, la denominada discriminación positiva: 50% de mujeres y 50% hombres en todas los puestos de responsabilidad. En 1995, la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing proclamó con pretensiones internacionales que, sin la participación plena de las mujeres, no podía alcanzarse un pleno desarrollo económico y social.